El Parlamento Europeo ha votado en favor de una importante reforma de la Política Pesquera Común (CFP). La nueva legislación marca a partir de ahora, un nuevo enfoque que abarcará numerosos frentes que no venían siendo contemplados en las legislaciones, regulaciones y comercio.
Entre las nuevas medidas se destacan las sanciones por no prevenir las capturas incidentales y los nuevos requisitos para el uso de redes que las reduzcan este tipo de capturas. La nueva política también promueve la protección de las especies más explotadas, mediante la reducción de cuotas de pesca por parte de los países miembros, haciendo particular énfasis en la protección de aquellas poblaciones en peligro, o cuya regulación no estaba previamente estipulada. Entre éstas se encuentra el atún aleta azul.
Además, se le otorgarán más poderes a las autoridades constituidas en Bruselas, de manera que desde la capital de la Unión Europea se puedan fijar las cuotas de pesca a los demás estados miembros, utilizando un criterio estrictamente científico. Los observadores entienden que este es un cambio sustancial, ya que bajo la actual legislación, Bruselas solo puede sugerir cuotas adecuadas, pero no tiene el poder para hacer cumplir los límites. De hecho, la legislación vigente hasta ahora ha permitido el “regateo” de los límites de captura por parte de los estados miembros (lo cual a su vez puede obedecer a la presión que ejercen las grandes empresas pesqueras). Se estima que la nueva reglamentación tendrá un gran impacto en el Atlántico Norte, donde se encuentran los caladeros con mayores cantidades de poblaciones de peces en Europa.
